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El voto, aun con desventajas, es un instrumento de lucha ciudadana

El voto es una pieza esencial de la práctica democrática . A través del voto, los partidos políticos y los grupos de electores buscan alcanzar los cargos de elección popular, usando para atraer a los electores propuestas de acciones o programas de gobierno que intentan responder a los intereses y preferencias ciudadanas.

En contextos democráticos, las elecciones son momentos claves en los que los ciudadanos  escojan de manera libre los gobernantes o representantes de su preferencia para ejercer los cargos públicos por lapsos determinados.

Las elecciones se rigen por reglas claras que regulan la actuación de todos los involucrados en el proceso electoral, desde los candidatos, los electores, los partidos políticos y los medios de comunicación, hasta los entes gubernamentales y los mismos organismos electorales.

Bajo condiciones de irrespeto a los principios democráticos, las elecciones que se celebran suelen ser objeto de manipulaciones que vulneran la equidad del proceso, favoreciendo a quienes cuentan con el beneplácito  del poder de turno y dejando en posición de desventaja a sus adversarios. En algunos casos estas manipulaciones pueden llegar hasta la alteración directa de los resultados electorales, con lo cual se desconoce manifiestamente la genuina voluntad de los ciudadanos. En otros casos, las elecciones son alteradas directamente y los resultados no dejan espacio para que los ciudadanos se expresen genuinamente.

No obstante, el voto, aún en condiciones desventajosas, puede ser un instrumento útil para la lucha de los ciudadanos por sus derechos. Mediante el voto se puede, de diversas maneras, generar presión sobre las violaciones a las normas por parte de un gobierno autoritario. La experiencia internacional muestra que los procesos electorales abren oportunidades a los ciudadanos para organizarse y actuar, a través de los partidos políticos y otras agrupaciones, en pro de la defensa de los derechos civiles y políticos, en particular los necesarios para el ejercicio del voto democrático, así como para trasmitir sus propuestas y mensajes democráticos al conjunto de la sociedad.

Las denuncias ciudadanas sobre la naturaleza autoritaria de un gobierno se hacen más evidentes cuando se muestran los mecanismos fraudulentos a que recurren los gobernantes para ganar las elecciones. Hacer visibles estas violaciones a las normas ha llevado en ocasiones a crear discrepancias en el seno de propio gobierno, abriendo así oportunidades para un cambio político.

En América Latina existen casos exitosos de participación electoral bajo regímenes autoritarios. Un caso emblemático fue el Plebiscito Nacional de Chile de 1988. El régimen autoritario del General Augusto Pinochet, luego de 7 años en el poder, intentó extender su mandato por un período adicional de ocho años, sometiendo a un plebiscito la aprobación de la nueva Constitución Política de la República de Chile, en la que este cambio se  establecía. La mayoría los partidos opositores aceptaron la institucionalidad impuesta por la dictadura y decidieron participar en el plebiscito, aun cuando este evento electoral no contaba con garantías mínimas para ser considerado democrático, llamando al rechazo a la continuidad de Pinochet en el poder. Esto permitió a la oposición al régimen militar desafiar a la dictadura y vencerla.

El resultado de la consulta dio lugar a divisiones dentro del estamento militar y político de la dictadura, que permitieron el inicio a una transición democrática, signada, en particular, por la realización, al poco tiempo, de unas elecciones libres, justas y competitivas, ganadas por el candidato opositor Patricio Aylwin.

La campaña electoral fue una oportunidad para que la oposición formase un frente unido en torno a la opción del “No” y permitió a los partidos tener espacios en los medios de comunicación, en los que pudieron trasmitir su mensaje a la población

Otro caso emblemático en la región latinoamericana es el de la elección presidencial del Perú del año 2000. El economista Alejandro Toledo aceptó participar en la elección, compitiendo con el presidente en ejercicio y aspirante a un tercer mandato Alberto Fujimori. Después de concurrir a la primera vuelta de la elección, Toledo se retiró, denunciando el fraude cometido por Fujimori y la falta de condiciones democráticas en el proceso. En poco tiempo, ante la inestabilidad originada por su elección, Fujimori se vio obligado a renunciar. Las nuevas elecciones, convocadas por un gobierno transitorio, fueron ganadas por Alejandro Toledo.

 

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