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El Proceso Constituyente en Venezuela

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los Estados contemporáneos se fundamentan en un conjunto de normas que rigen la forma como se organizan sus relaciones políticas, económicas y sociales. Esas normas compartidas determinan los derechos y deberes de los individuos, al mismo tiempo que regulan la manera como se gobierna dicho Estado. Normalmente, dichas normas están concentradas en un solo documento denominado Constitución. La Constitución es el texto en el que se establecen las reglas de acceso y distribución del poder político, así como los límites de ese poder.

La elaboración de una Constitución es una idea que se desarrolló durante el siglo XVIII en el marco las revoluciones liberales, principalmente la Revolución Americana (1776) y La Revolución Francesa (1789). Esta idea surgió como respuesta al absolutismo, sistema político en el que los reyes heredaban el poder y lo ejercían de forma arbitraria. Las revoluciones liberales tuvieron como finalidad poner fin al poder absoluto de los reyes, estableciendo cuatro principios fundamentales que caracterizan a los Estados democráticos. Primero, que el poder reside en el pueblo, por lo que éste se convierte en el portador del Poder Constituyente. Segundo, que todos los ciudadanos gozan de las mismas libertades y derechos, los cuales no pueden enajenados por el Estado. Tercero, que el poder tiene límites y no debe estar concentrado en una sola persona o entidad, por lo que se estableció el principio de separación de poderes. Por último, que todos los ciudadanos, incluso aquellos investidos de autoridad, son iguales ante la ley.

En los Estados democráticos la Constitución es el pacto social sobre el cual se fundamenta la convivencia de los ciudadanos. Es por este motivo que los Estados democráticos son fundamentalmente Estados de Derecho, pues todas las actuaciones de quienes viven en él están sujetas a la Constitución y las leyes que derivan de ésta.

El Proceso Constituyente en Venezuela

La manera como se escribe y aprueba la Constitución tiene una importancia central sobre la convivencia de los ciudadanos. La exclusión de sectores políticos, sociales, económicos o étnicos puede afectar la convivencia pacífica de una sociedad.

Desde 1811 hasta 1999 Venezuela ha tenido más de 20 constituciones. De esas constituciones, las únicas que pueden considerarse como verdaderamente democráticas son las de 1947, 1961 y la vigente desde 1999. Esta última tuvo como novedad el establecimiento de normas que regulan la manera de acceder a la formulación de una nueva Constitución.

Según la Constitución de 1999, el pueblo venezolano es el portador del Poder Constituyente, es decir, los ciudadanos son quienes tienen el poder para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y crear un nuevo ordenamiento jurídico mediante la redacción de una nueva Constitución.

La iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente puede provenir del Presidente de la República en Consejo de Ministros, de la Asamblea Nacional con el voto favorable de dos terceras partes de sus integrantes, de las dos terceras partes de los Consejos Municipales del país o del 15% de los electores inscritos.
Lo anterior supone que la cualquier iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente requiere de la aprobación de los ciudadanos mediante un referendo. De hecho, la propia constitución señala que la iniciativa constituyente es uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo quien es, en última instancia, el poder originario.

Así, la redacción de una nueva Constitución debe iniciarse con un referendo consultivo para que los ciudadanos se decidan si están de acuerdo o no con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En caso de que la iniciativa de convocatoria sea aprobada por los ciudadanos, se debe crear un mecanismo de elección libre, justa y competitiva, que garantice que los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente representen la pluralidad política existente en el país.

Adicionalmente, el debate de la redacción del nuevo orden constitucional debe ser público, transparente e inclusivo de todos los sectores políticos, económicos y sociales. Finalmente, la nueva Constitución debe ser sometida a aprobación de los ciudadanos mediante un referendo en condiciones libres, justas y competitivas.

La Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Presidente de la República en mayo del 2017, no cumplió con las normas establecidas en la Constitución para tal fin, dado que la iniciativa promovida por el Presidente, no fue sometida a un referendo para que los ciudadanos decidieran si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna.

Por otra parte, la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente no cumplió con los requisitos mínimos para ser considerada libre, justa y competitiva. La consecuencia de lo anterior fue la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente monopartidista, en la que no se refleja el pluralismo político y social existente en el país. Finalmente, luego de más de un año de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, la opinión pública nacional no tiene información sobre el contenido de la propuesta de una nueva Constitución que se supone elabora dicha Asamblea.

En cualquier caso, la Carta Magna que sea propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente actual, requerirá de la aprobación de los ciudadanos venezolanos, quienes, siendo portadores del poder originario, deberán tener la posibilidad de aprobar o negar la nueva constitución mediante un proceso electoral.

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