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Acerca de la legitimidad de la toma de posesión presidencial


La legitimidad de un gobernante la determina la existencia de un consenso suficientemente amplio entre los ciudadanos de que fue genuinamente investido de autoridad para tomar decisiones relativas a políticas públicas y de Estado, en un proceso con estricto apego a las leyes del país.

En los sistemas democráticos la legitimidad del gobierno se sostiene sobre tres pilares fundamentales: primero, el gobierno es electo por los ciudadanos en elecciones libres, justas y competitivas (legitimidad electoral); segundo, las decisiones del gobierno están ajustadas al Estado de Derecho (legalidad) y tercero, el gobierno toma decisiones buscando satisfacer las demandas de los ciudadanos.

La conjunción de estos tres elementos dota al gobierno de legitimidad democrática y permite que sus decisiones no sean percibidas como una imposición autoritaria e ilegal por parte de quienes detentan el poder. Por el contrario, la ausencia de alguno de estos elementos supone la erosión de la democracia o, incluso, su negación.

La elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en Venezuela ha provocado un debate sobre la legitimidad y legalidad de un nuevo mandato que el actual presidente Nicolás Maduro asumiría a partir del 10 de enero de 2019. Los señalamientos críticos hechos por distintos sectores se refieren principalmente a la convocatoria y a la ejecución de esa elección. 

Con respecto a la convocatoria de la elección destaca el hecho de que fue realizada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo que no goza de la aceptación mayoritaria del pueblo venezolano,  dado que su elección se realizó sin la previa consulta a los ciudadanos que manda la constitución y que su actuación se sobrepone a todo la estructura institucional y legal del país, por lo que su legitimidad está en tela de juicio.

En segundo lugar, se adelantó la elección presidencial al primer cuatrimestre del 2018, rompiendo con la tradición de realizar las mismas en el mes de diciembre previo al inicio del nuevo período presidencial, a lo que se sumó una importante reducción del cronograma electoral. Esto es denunciado por la mayoría de los sectores de la oposición como una medida ventajista, concedida por el Consejo Nacional Electoral a instancias de la ANC, a favor del sector oficialista, al adecuar la fecha y los lapsos de la elección a las conveniencias de éste.

En tercer lugar, esta elección se dio en el contexto de la inhabilitación de la mayoría de los partidos de oposición, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En efecto, de los 21 partidos integrados a la MUD en enero de 2017, solo tres fueron autorizados para postular candidatos en febrero de 2018. Más aun, de los 67 partidos que existían a inicios de 2017, solo 17 tuvieron derecho a postular candidatos, doce de los cuales formaban parte de la alianza oficialista Gran Polo Patriótico (GPP).

Como resultado de lo anterior, la mayoría de los sectores de oposición decidieron denunciar las irregularidades y no participar en la elección, lo que trajo como consecuencia el desconocimiento de la legitimidad electoral de Nicolás Maduro para tomar posesión como presidente el 10 de enero de 2019.

Por su parte, el PSUV y sus aliados del GPP alegan que la ANC goza de  poderes supra constitucionales derivados del poder originario, del que, señalan, es portadora. En consecuencia, consideran válida la elección del 20 de mayo y la asunción por Nicolás Maduro de la presidencia de la república para un nuevo mandato, el próximo 10 de enero.

Para la comunidad internacional, la toma de posesión de Nicolás Maduro constituye un desafío para las relaciones diplomáticas, ya que un número importante de países desconoce su legitimidad, basado en que su elección es producto de un proceso electoral que no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con las garantías y estándares internacionales para un proceso electoral justo y trasparente, ni con el concurso de observación internacional independiente. En contraposición, un reducido grupo de países considera legítima la elección presidencial realizada y reconocen el nuevo mandato de Nicolás Maduro.  

Los argumentos arriba referidos constituyen la base de la inseguridad reinante sobre la legitimidad de la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2019.

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