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El derecho al referendo y la Sala Constitucional

El Universal

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió en su sentencia N° 378, del 31 de mayo de 2017, que no es necesario efectuar un “referendo consultivo” para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente efectuada por el Presidente de la República. Esta decisión implica una franca regresión democrática y una vulneración a nuestros derechos como ciudadanos de la cual debemos ser conscientes.

En 1999 la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de enero, declaró que todo ciudadano tiene un derecho al referendo que cobra especial significación cuando se trata de ejercer el poder constituyente. Ello permitió, junto a otros argumentos, que el pueblo convocara ese mismo año, mediante referendo, una Asamblea Nacional Constituyente que no estaba prevista en la Constitución de 1961. Nada dice la sentencia reciente de la Sala Constitucional sobre estos fundamentos de aquella decisión del 19 de enero de 1999, lo cual no es casual. Se trata de ocultar la privación de derechos que el pronunciamiento judicial supone.

En 1999 se realizó dicho referendo previo a la Constituyente no solo porque ello era imprescindible ante la inexistencia de esta figura en la Constitución de 1961, como afirma la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional, sino también porque el pueblo es el titular del poder constituyente y le corresponde decidir sobre su ejercicio. Sin embargo, la Sala Constitucional sostiene que, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sí hay una regulación sobre la Asamblea Nacional Constituyente, actualmente no sería indispensable consultar al pueblo, mediante referendo, acerca de su convocatoria. Esto es un contrasentido, pues el reconocimiento expreso del derecho del pueblo a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que se desprende de los artículos 5, 62 y 347 de la Constitución, no puede traducirse en su supresión. El derecho antes tácito y ahora expreso ha desaparecido en virtud de esta sentencia, pese a lo categórico del artículo 347 y a la intención de los constituyentes.

Intención de los constituyentes

No es cierto, como asegura la sentencia, que la propuesta de que el pueblo efectuara tal convocatoria mediante referendo fue rechazada durante la elaboración de la Constitución de 1999. Al respecto la sentencia asevera que “en el Diario de la Constituyente, esta Sala observó que en el desarrollo del debate correspondiente, la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum, fue negada”. Es objetable que la Sala haga esta referencia parcial y descontextualizada de la discusión que sobre el tema mantuvieron los constituyentes de 1999. ¿Por qué no dice la sentencia que el planteamiento de hacer un referendo previo a la Asamblea Nacional Constituyente no fue de Manuel Quijada sino originalmente del Presidente Hugo Chávez, en sus Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República, lo cual luego se recogería en el Anteproyecto de Constitución sometido a deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué no apuntó la Sala que la propuesta de Manuel Quijada que fue negada fue la de una redacción alternativa que propuso a lo que hoy es el artículo 347 de la Constitución, no al artículo posterior del Anteproyecto que aludía al referendo por medio del cual el pueblo podía convocar la Asamblea Nacional Constituyente? La verdad es que el artículo relativo a este referendo fue finalmente eliminado pero no a raíz de la propuesta de Manuel Quijada sino porque se estimó que algunas disposiciones del articulado considerado podían coartar al poder constituyente del mañana (el de 100 ó 200 años después, se vislumbraba) pero siempre bajo la idea de que debía preservarse el protagonismo popular en materia de poder constituyente. Nunca se discutió ni aprobó que el Presidente la República u otros poderes constituidos asumieran la facultad del pueblo de convocar la Asamblea Nacional Constituyente y definir sus bases comiciales.

El propósito fallido de la Sala Constitucional de dar fundamento a la supresión de derechos que su sentencia implica y su búsqueda con sesgo y pinzas de frases del Diario de Debates que puedan sustentarla dejan en todo caso sin responder una cuestión medular: ¿Cómo es posible que el silencio, respecto de la soberanía popular y sus consecuencias, en una parte del articulado constitucional comporte la negación de ese principio en el momento más trascendental de la participación democrática, como lo es el proceso constituyente? ¿Con esa forma de razonar, hubiera sido posible convocar la Asamblea Nacional Constituyente en 1999?

Limitar o hacer valer el poder constituyente

Otros alegatos vertidos en la sentencia para respaldar su conclusión son rebatibles con mayor facilidad. Así, se aduce, evocando supuestamente a los redactores de la Constitución que “la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente, pues, al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones”. Pero lo cierto es que exigir un referendo para que el pueblo convoque la Constituyente no es limitarla, sino asegurar que sea expresión auténtica de la soberanía popular. Cómo puede serlo una Asamblea Nacional Constituyente convocada sin el pueblo e incluso en su contra. También se aventura la sentencia a argumentar que el referendo previo no se requiere para las enmiendas o reformas a la Constitución; no obstante, esta comparación está fuera de lugar. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano extraordinario y temporal que se elige con una finalidad específica y de enorme calado: transformar el Estado y redactar una nueva Constitución; mientras que la enmienda y la reforma, que no son manifestación del poder constituyente originario, discurren a través de órganos del poder constituido, y tienen un impacto menor en la Constitución en vigor. Es absurdo plantearse la realización de un referendo previo a la tramitación de una enmienda o reforma, ambas sujetas además a referendo aprobatorio. ¿Será posible inferir que cuando la Sala alude a la enmienda y la reforma de manera comparativa está anticipando que razonará del mismo modo cuando llegue eventualmente el momento de examinar si la nueva Constitución debe someterse a referendo aprobatorio? Pues en este punto la analogía sí es pertinente: si para eliminar una coma de la Constitución se requiere un referendo, cómo puede ser de otra manera cuando de adoptar una nueva Constitución se trata. Pero no cabe albergar al respecto muchas esperanzas.

Insólitamente, la sentencia añade otra línea de justificación cuando establece que el estado de excepción aún vigente y la crisis política han motivado “la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”, lo cual explicaría que se haya prescindido de un referendo consultivo (optativo) de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución. Dejo al criterio de los lectores la valoración de estas últimas afirmaciones.

En suma, el Presidente de la República y la Sala Constitucional han confiscado el derecho del pueblo a decidir si convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente. Nótese que el asunto que debía ser atendido por la Sala Constitucional no era propiamente el de la necesidad o no de hacer un referendo consultivo sobre la convocatoria, como dice la Sala, sino algo distinto: ¿Quién puede convocar la Constituyente, el pueblo mediante referendo o el Presidente de la República en nombre del pueblo? ¿El representante o el titular de la soberanía? La Sala respondió que lo hace el representante, despojando a la ciudadanía del derecho a resolver sobre la materia en un referendo, como instrumento de ejercicio directo de la soberanía.

La sentencia N° 378 de la Sala Constitucional representa, por tanto, un capítulo culminante de la desinstitucionalización que socava la República.

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