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Ismael Pérez Vigil: “La violación del derecho al voto es un delito que no prescribe”

Víctor Salmerón

Ismael Pérez Vigil, miembro de la directiva de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, detalla el ordenamiento jurídico que convierte al voto en un derecho humano y alerta de que los delitos que lo vulneran no prescriben. Su lectura sobre el entorno actual lo lleva a afirmar que en Venezuela se está debilitando la facultad de participar en asuntos públicos, de asociarse con fines políticos, revocar el mandato del Presidente y manifestar.

Desde 1958 los venezolanos han tenido al voto como método de elección de sus gobernantes. ¿Podría detallar el ordenamiento jurídico que le da base a este sistema?

La democracia es el sistema político por excelencia para ejercer derechos y organizar el poder, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que el voto es un derecho político, un derecho humano. En el artículo 21 establece, entre otras cosas que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Además, está lo que contempla la Carta Democrática Interamericana.

Así es. la Carta Democrática Interamericana o Carta Democrática de la OEA, lo establece claramente en su primer artículo cuando señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Luego lo desarrolla en el artículo tres indicando que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

A este ordenamiento jurídico internacional se añade lo que establece la Constitución de Venezuela.

Efectivamente, el artículo 63 de la Constitución, al igual que la legislación internacional, dice que el sufragio es un derecho y que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Contempla las elecciones periódicas cuando desarrolla cada una de las partes, por ejemplo, indica claramente que las elecciones para elegir a los gobernadores son cada cuatro años. Pero no solamente la Constitución, otras leyes recogen estos principios, de manera especial la Ley Orgánica del Poder Electoral, que tiene como principio fundamental que el Poder Electoral fundamenta sus actos en la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto.

¿No existen una serie de derechos que complementan al voto y que son de gran importancia para que exista una democracia plena?

La Constitución establece otros derechos que por cierto últimamente están siendo conculcados, como el derecho a participar en asuntos públicos; a asociarse con fines políticos, postularse y postular candidatos; a manifestar y la revocación del mandato.

¿Por qué afirma que se está vulnerando el derecho a participar en asuntos públicos?

Un elemento fundamental de la democracia es que se respete la voluntad del elector y que quien resulte electo pueda ejercer libremente su cargo. Existen casos donde, por ejemplo, un alcalde que es electo por el voto popular no puede ejercer sus funciones como es debido porque se le quitan funciones, no se le aprueba el presupuesto que le corresponde o porque se designa a un funcionario que asume parte de sus atribuciones o en última instancia se le apresa sin que se lleve a cabo un juicio.

Un tema importante es el aplazamiento de la elección de gobernadores. ¿Cómo interpreta este hecho?

La Constitución establece taxativamente el período de duración del mandato de los gobernadores en el artículo 160 y especifica que es de cuatro años. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin razón, ni facultades para ello, pospuso la elección de gobernadores que debió realizarse en diciembre de 2016 para una fecha indefinida de 2017. De esta manera, el CNE modificó la Constitución o la reinterpretó usurpando funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se está privando a los venezolanos del derecho a elegir sus gobernadores, que está vigente en Venezuela desde 1989, hace 27 años.

El año pasado el CNE suspendió la solicitud de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Considera que actuó apegado al derecho?
El artículo 72 de la Constitución dice que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables transcurrida la mitad del período y el referendo debe ser solicitado por un número no menor de 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. A esto se añade que el TSJ en la sentencia 1139 de 2002 indica que el CNE no puede cambiar lo que al respecto establece la Constitución. No obstante, el CNE estableció una serie de requisitos para la solicitud del revocatorio no contemplados en la Constitución y suspendió el proceso tras la decisión de tribunales penales de cinco estados que argumentaron problemas en la recolección de las firmas, vulnerando el derecho a elegir en todos los demás estados. Entonces, el organismo electoral que debe encargarse de fomentar la participación acabó con ese proceso.

Ha comenzado un proceso de relegitimación de los partidos políticos. ¿Considera que se está llevando a cabo de la mejor manera?
Los partidos están en un proceso de relegitimación o validación por una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que indica la necesidad de este proceso y le ordena al CNE que redacte las normas para que se lleve a cabo. En opinión de uno de los rectores del CNE, Luis Emilio Rondón, las condiciones limitan el derecho a la participación porque tal y como él lo dijo, son de casi imposible cumplimiento.

También ha señalado que se está conculcado el derecho a manifestar. ¿Por qué considera que es así?

Porque además de no concederse permiso para manifestar o reprimir violentamente manifestaciones pacíficas, el artículo 68 de la Constitución prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas y sin embargo se aprobó una resolución del Ministerio de la Defensa, la 8610 de julio de 2016, que las permite, poniéndose por encima de la Constitución.

¿Qué consecuencias puede traer la violación de los derechos políticos de los ciudadanos?

El derecho al voto es un derecho político. Los derechos políticos son derechos humanos. La violación de los derechos humanos es un delito de lesa humanidad, no prescribe, es decir, dentro de cinco, diez o veinte años aquellos que violaron ese derecho pueden ser juzgados. Se les puede exigir responsabilidades a los funcionarios que tomaron las decisiones que conculcaron esos derechos o a los que las aplicaron.

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